Las Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina pertenecientes a REDCOM, reunidas en asamblea, deseamos manifestar nuestra preocupación por algunos hechos a los que asistimos en la última semana que resultan representativos de una impropia relación entre el poder judicial, las corporaciones mediáticas y el accionar del pasado gobierno nacional.
El 3 de marzo el juez Ariel Lijo condenó a 6 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año a Martín Sabbatella, por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo se inscribe en la causa iniciada por el Grupo Clarín contra ex funcionarios por la aplicación de una norma debatida en foros a lo largo y ancho del país antes de su tratamiento parlamentario, que nuestra red acompañó desde el proceso de su elaboración en adelante y que el multimedio incumplió sistemáticamente, aun después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara su constitucionalidad en 2013. Una vez más, el poder de los grupos mediáticos dicta la letra de los fallos. El antecedente de que un funcionario sea castigado por la aplicación de la ley contra un privado poderoso resulta gravísimo para el futuro. ¿Quién puede atreverse a gestionar contra Clarín? De este modo, no sólo se judicializa la política, sino que también se ataca a la democracia.
El mismo día del fallo nos enteramos por el columnista del matutino La Nación, Carlos Pagni, que los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso indiscriminado de las prisiones preventivas para evitar que se publicara una tapa de ese mismo diario criticando su presunta inacción. Según Pagni, «Los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo». Es claro, entonces, que la detención de ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas al inicio del gobierno de Mauricio Macri fue expresión de la extorsión y la persecución conjunta entre medios, justicia y gobierno.
En ambos casos estamos frente a fenómenos de «lawfare», esto es un uso arbitrario de la justicia para la persecución política. Algo imposible sin la connivencia entre una parte del poder judicial, del poder político y los medios de comunicación concentrados.
Por otro lado, abierta una nueva etapa política en el país nos encontramos ante la necesidad de reclamar una revisión completa del estado de las normas vinculadas a la comunicación, de su aplicación y de sus instituciones derivadas. Entre ellas consideramos que debe ser revisada la constitución por decreto del Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO) que, al modificar la conformación del Consejo instituido por la Ley el de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminó la representación de nuestras Carreras del órgano participativo y colegiado previsto por la norma original.
No obstante, en los últimos días también han habido hechos auspiciosos que deseamos destacar. La designación de Rodrigo Rodríguez como titular interino de la Defensoría del Público hasta la designación definitiva de un nuevo/a Defensor/a por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual pone fin a la pésima gestión de Emilio Alonso, que apuntó fundamentalmente a desactivar las mayor parte de las acciones del organismo orientadas a garantizar los derechos de las audiencias.
Otro hecho para resaltar es el anuncio acerca de la presentación que realizará el senador Oscar Parrilli para la creación de la “Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo” sobre la base del actual “Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo”. Ello eliminaría la dependencia administrativa y económica de la institución respecto del Ministerio de Justicia de la Nación y brindaría la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Nacional. Las Carreras que conformamos REDCOM acompañamos dicha propuesta.
Finalmente, en esta fecha, nos unimos a la conmemoración de una extensa historia de luchas de las mujeres y las disidencias sexuales y reclamamos con renovada intensidad acciones y políticas orientadas a la redistribución, la representación y el reconocimiento en todos los ámbitos de la vida. Al hacerlo, nos pronunciamos por la equidad, la libertad, la autonomía y la justicia social en todos los espacios que producimos diariamente. En nuestro país, la falta de acceso de las mujeres y las disidencias a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios, la difusión de contenidos estereotipados y la brecha digital de género se superponen e intersectan con otras maneras de la desigualdad. Es por eso que, hoy y siempre, reclamamos por más mujeres y disidencias en los medios y en la academia, celebramos la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y llamamos a la movilización por cada uno de los derechos que nos faltan.
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina – REDCOM