La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) expresa su profunda preocupación por el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que implica un fuerte retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos.
La historia nos enseña que el derecho a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el gobierno al que se plantean las demandas.
Al criminalizar las protestas sociales y extender las facultades policiales para reprimir -habilitando las detenciones arbitrarias y sin prohibir el uso de armas de fuego-, el Protocolo suscripto por el gobierno nacional y buena parte de los provinciales, implica entonces un serio atentado contra la libertad de expresión en Argentina.
Con particular preocupación observamos la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores. Por citar un ejemplo: si la actividad periodística hubiera estado “acorralada” el 26 de junio de 2002, como pretende el Protocolo, no se hubieran conocido los responsables materiales de la llamada Masacre de Avellaneda. La prescripción de una “zona de ubicación determinada” para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes.
En suma, la REDCOM repudia el protocolo de acción policial promovido desde el gobierno nacional, convoca a otras organizaciones de la sociedad civil a rechazarlo y solicita a los gobiernos una reconsideración de esa decisión.
Córdoba, 20 de febrero de 2016
