Córdoba, 04 de marzo de 2017
Desde la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM) manifestamos nuestra preocupación y alerta por la continuidad de los ataques a los derechos a la Comunicación, la Educación y el Trabajo. Como venimos advirtiendo en pronunciamientos anteriores, nos encontramos ante una situación crítica de ataque a la educación pública con campañas de desprestigio tras una clara intención de desfinanciamiento de nuestros sistemas educativos y científicos.
Es preocupante la sumatoria de manifestaciones por parte de los miembros del Gobierno Nacional que ratifican un rumbo de achicamiento del sistema público. Situación que se agrava ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Ministro Esteban Bullrich, quien se niega sistemáticamente al llamado de paritaria nacional.
Por su parte, la situación de ajuste al sistema de Ciencia y Técnica manifiesta otro claro retroceso que afecta de manera directa a las Ciencias Sociales. En la última reunión de Directorio CONICET se materializó la restricción en el número de ingresantes previstos para la actual convocatoria y, agravando la situación, se ratificó la decisión de asignar la mitad de los cargos a concursar a “temas estratégicos y tecnológicos”. Decisión que altera el equilibrio que debe primar para la sustentabilidad del sistema científico nacional y pone a las ciencias sociales en una posición de absoluta vulnerabilidad.
Con respecto a la política de servicios de comunicación audiovisual, mediante decretos presidenciales ajenos al debate democrático, se ha continuado en la definición de cuestiones centrales que atacan éste derecho. Bajo el mote de comunicaciones convergentes, se avanzó en la regulación de una política pública con efectos que, lejos de resultar transitorios, devienen permanentes en el tiempo y con un carácter fuertemente regresivo en materia de protección y goce de derechos fundamentales. De este modo, el Poder Ejecutivo reconoce derechos adquiridos a favor de los actores dominantes en el mercado y, sin reales instancias de participación social, define los márgenes dentro de los cuales se podrá discutir una eventual “ley de convergencia”.
Al mismo tiempo, resulta preocupante la situación laboral de los trabajadores de la comunicación. Por citar un caso paradigmático en la provincia de Buenos Aires, por registros de SIPREBA, la situación se agravó en el último año donde se perdieron al menos 1285 puestos laborales por la vía de despidos (359), cierre de medios (409) y retiros voluntarios (517). Contexto al que se suman los FOMECA adeudados y las situaciones preocupantes en diferentes medios de cada provincia representada en REDCOM.
Como campo de estudios enfocado en la lectura crítica de lo discursivo y lo simbólico, damos cuenta de un preocupante avance sobre el derecho a la comunicación, a la educación y al trabajo. Sin la garantía de estos derechos es imposible la libertad de expresión y el fortalecimiento de nuestra democracia.
Por ello:
Ratificamos el pedido de plena vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos y precarizados.
Exigimos que se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo.
Convocamos a participar de las jornadas de lucha de la semana próxima que culminará el 8 de marzo con el paro nacional de mujeres.
