(Informe CELS)
El viernes pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes de medios comunitarios, cooperativos y comerciales, y especialistas en políticas de comunicación expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los efectos de los decretos que reformaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos que ya está ocurriendo.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer» y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS, afirmó que “con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. Verbitsky también se refirió a los efectos de la reforma de la LSCA en el ejercicio del derecho a la comunicación: “El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, recordó que “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia”. Becerra también afirmó: “la Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
Damián Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.
Nestor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso también destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: ‘Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos’. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión”.
Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados, afirmó que “la nueva reglamentación hace desaparecer en los cableoperadores la obligación del must carry. Esta situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está produciendo”.
Oscar Nocetti, cooperativista, destacó que los decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”. La eliminación de la regulación de los cables también afecta a los canales universitarios, como lo señaló Badenes en su exposición.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones disponibles.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza manifestó su preocupación por determinados aspectos de los decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares [de libertad de expresión], debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados. Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación”. La mayoría de las intervenciones del Estado argentino fueron para relatar episodios y decisiones del gobierno anterior más que para responder a las denuncias sobre la afectación de derechos ocasionada por los decretos que crearon un escenario difícil de revertir. Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Tal como quedó expuesto en la audiencia, no es eso lo que ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.
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«Cuestión de contexto«, por Horacio Verbitsky, en Página/12.
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