Desde la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (REDCOM) manifestamos una enorme preocupación por la virtual intervención de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
El miércoles 26 de setiembre se reunió la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para tratar su Reglamento de funcionamiento y «la acefalía de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Este organismo, desde su creación por la Ley 26.522 tuvo una única titular que fue Cynthia Ottaviano, cuyo mandato finalizó en noviembre de 2016. De allí en más, por falta de acuerdo no se nombró reemplazante y se autorizó a «cumplimentar los actos conservatorios que competen al funcionamiento de la institución y a la preservación de sus recursos» a la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos María José Guembe. Por ende, la Defensoría permaneció acéfala pero en actividad.
En su última sesión, concretada el pasado miércoles 26, la Comisión Bicameral con mayoría de votos oficialistas resolvió dejar sin efecto la autorización conferida a Guembe y designó en su reemplazo, “con los mismos alcances y obligaciones» a Emilio Jesús Alonso por un término de 60 días. Dado que Alonso no forma parte de la Defensoría estamos ante una especie de “intervención” irregular que no se encuentra contemplada en la Ley 26.522. A su vez, el nombramiento sorpresivo de Alonso se llevó a cabo sin explicitar experiencia, antecedentes o las razones de la decisión. Luego se conoció que se desempeña como asesor del senador Eduardo Costa, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia y carece de experticia en la temática.
Desde la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (REDCOM) acompañamos el excelente desempeño de la Defensoría del Público de SCA en el cumplimiento del mandato emanado de la Ley 26.522 y respaldamos al equipo profesional y técnico que sostuvo la ardua tarea de defender a las audiencias y el derecho a la comunicación sin bajar los brazos aún en el contexto adverso de su prolongada acefalía.
Pero queremos expresar nuestra preocupación por la designación de un «encargado transitorio» sin méritos ni antecedentes públicos, sin plan de trabajo conocido y con un mandato opaco. La política de vaciamiento de medios y organismos públicos llevada a cabo por el gobierno nacional nos pone en estado de alerta por el futuro de la Defensoría. Los ataques permanentes que ha sufrido la legislación y toda la institucionalidad vinculada a la comunicación sólo puede sembrar dudas y temores acerca de las acciones gubernamentales que hasta ahora demostraron más preocupación por responder a las demandas de los grupos concentrados que en atender el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas.
Finalmente, y porque consideramos que la defensa y promoción activa de los derechos de las audiencias de todo el país debe ser una política de Estado irrenunciable, exhortamos a que haya una pronta designación de la nueva titularidad de la Defensoría y que ésta recaiga en una persona con probada experiencia, antecedentes públicos y comprometida con el derecho humano a la comunicación.
