Desde REDCOM reiteramos nuestra preocupación por el rumbo que, desde hace más de dos años, las políticas del gobierno nacional han tomado en cuestiones que nos involucran directamente: por un lado, el estado del sistema infocomunicacional, en el que se evidencia la profundización de la concentración, el desfinanciamiento y la desvalorización del sector público, atentando así contra la democracia comunicacional y, por otra parte, el ajuste a la Universidad pública y al sistema de investigación científica.
En cuanto al primero de los puntos, hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestra preocupación por el rol del Estado favoreciendo la concentración mediática en contra de la democratización de la comunicación. Valen mencionar algunas decisiones del gobierno para dar cuenta del problema: en 2015 y 2016 se amputaron por medio de decretos las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 y de telecomunicaciones Argentina Digital Nº 27078; luego se habilitó a las telefónicas para acceder al mercado audiovisual; se decomisaron pequeños medios de comunicación de arraigo local; se dejaron impagos subsidios concursados del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios; se cercenó la participación de las Universidades y las carreras de Comunicación en los organismos de control; se inclumplió sistemáticamente con la presentación de un proyecto de ley de Comunicaciones Convergentes, entre muchas otras medidas gravosas contra el derecho a la comunicación.
Entre estas, se destaca el aval del ENACOM a la fusión Telecom – Cablevisión, aún antes de la presentación del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo que evidencia la decisión política de respaldar una operación que consolida la posición monopólica del grupo Clarín.
Es preocupante, a la vez, las condiciones bajo las cuales los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación y el periodismo desarrollan su tarea, signadas por la precariedad e incluso llegando a ser víctimas de acciones represivas del Estado. Reporteros gráficos han sido reprimidos y detenidos en las manifestaciones de diciembre del año pasado en una clara muestra de amedrentamiento. Además, se estima que más de 3000 trabajadores de prensa han sido despedidos en los últimos dos años.
El Estado no sólo no ha intervenido para proteger a los trabajadores frente al empresariado sino que encaró el mismo proceso a través de retiros voluntarios en las señales públicas educativas Paka Paka, Encuentro y DeporTV. A este panorama se suman los 180 despidos en la producción de contenidos de TDA y en Radio Nacional. Nos preocupa que se trate de una política que busque disminuir a su mínima expresión a los medios públicos para que la producción de contenidos sea nuevamente monopolizada por el capital privado.
En los distintos casos se pone de manifiesto que estamos frente a decisiones que son producto de un concepto de la comunicación como un mero negocio, que no busca atender a las necesidades de información y libertad de expresión de la ciudadanía sino, por el contrario, reducir la función del Estado a ariete de acompañamiento de la búsqueda de ganancias de las compañías.
El segundo aspecto que nos atañe directamente y que observamos con preocupación es el ajuste encarado por el gobierno en el sistema universitario público y de producción científica. Tomando en cuenta el presupuesto nacional 2018, el porcentaje destinado a Ciencia y Técnica aumenta un 13% , dos puntos por debajo de la inflación estimada en 15, 7%.
En esta línea, se observa que el recorte de las partidas presupuestarias está acompañado de una estrategia discursiva de desprestigio de la Universidad Pública y de todos los actores que forman parte de la vida académica.
Ante este panorama, las Carreras de Periodismo y Comunicación Social nucleadas en la REDCOM manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las políticas que atentan contra el derecho a la comunicación.
Decimos basta de represión a las y los trabajadores de prensa, basta de despidos y retiros inducidos, basta de un Estado que regula a la medida de los requerimientos de las principales empresas de comunicación. Reclamamos la intervención del Estado, no como un socio de los sectores empresarios, sino como un garante de los derechos de las mayorías.
A la vez, desde REDCOM abogamos por la defensa del sistema público de educación superior, su gratuidad, equidad, autonomía y autarquía consagrados en la Constitución Nacional. Como así también su sistema de cogobierno, su inclusividad, el ingreso irrestricto, su calidad y su capacidad de investigación científica vinculada a necesidades sociales que es ejemplo para el mundo en el centenario de la reforma universitaria.
