Una vez más tenemos malas noticias para la democratización de la comunicación y los medios en la Argentina. Desde el cambio de gobierno, diciembre y enero han sido los meses elegidos para avanzar con medidas regulatorias cardinales. En 2015 y 2016 fueron los decretos que amputaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de telecomunicaciones Argentina Digital, luego la habilitación postergada a las telefónicas para acceder al mercado audiovisual, el refarming de espectro, la exclusividad por 15 años en la última milla y muchas otras.
Sin embargo, esta vez el conjunto de decisiones regulatorias, como la autorización de ENACOM a la fusión Telecom Cablevisión o la nueva prórroga para la presentación del proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, vino acompañado de una serie de acciones gubernamentales de extrema gravedad para el ejercicio del derecho a comunicar que no pueden pasarse por alto.
Asistimos a la represión indiscriminada con gases y balas de goma a cronistas y reporteros gráficos en diversas movilizaciones, particularmente el 18 de diciembre culminó con 36 trabajadores de prensa heridos y 4 detenidos con inicio de causas judiciales. Graves situaciones a las que se suma el encarcelamiento de Oscar Delgado -comunicador de Radio Capoma (Jujuy)- detenido durante la represión a los trabajadores de ingenio La Esperanza; y el informe del Ministerio de Seguridad titulado “RAM” que menciona entre sus acusaciones a radio Zumba La Turba de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es más que clara la búsqueda de intimidación de parte del gobierno para quienes desarrollan la tarea de informar a la sociedad en democracia.
Por su parte, desde fines de noviembre trascendió el desguace vía retiros voluntarios de las señales educativas Paka Paka, Encuentro y DeporTV, actualmente bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) a cargo de Hernán Lombardi. Pocos días más tarde se sumó el anuncio de 180 despidos en la producción de contenidos de TDA y, al día siguiente, otros en Radio Nacional. Observamos una política que busca disminuir a su mínima expresión a los medios públicos para que la producción de contenidos sea nuevamente monopolizada por el capital privado.
El mencionado aval de ENACOM a la fusión Telecom Cablevisión, aún antes de la presentación del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, constituye una señal evidente de que no puede haber otra consideración en danza que no sea la decisión política de respaldar la operación. Casi el 60 % de la conectividad de banda ancha del país quedará en manos de una misma empresa, al menos 130 localidades quedarán sujetas a la oferta de un único prestador, pero nada de ello obsta para confirmar los deseos del grupo Clarín que tuvo su ansiado premio navideño.
Finalmente, la resolución 694-E/2017 prorroga una vez más (y van…) por otros 180 días hábiles la presentación del anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que esperábamos para abril de 2016. En este punto, parece una humorada propia del 28 de diciembre, día en que se publicó en el boletín oficial. Pero la última burla del año fue, sin dudas, la convocatoria de los FOMECA 2017 que se abriría en febrero de ¡2018!
Ante este panorama, las carreras de periodismo y comunicación social nucleadas en la REDCOM decimos basta de represión a las y los trabajadores de prensa, basta de despidos y retiros inducidos, basta de un estado que regula a la medida de los requerimientos de las principales empresas de comunicación. Abogamos por leyes que emerjan del debate social participativo, por el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta, por la defensa del paradigma de una comunicación verdaderamente democrática.
