Desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) manifestamos una vez más nuestro absoluto respaldo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por ello rechazamos cualquier intento de avasallarla, ya sea con proyectos de reforma apresurados y sin consensos sociales, o con una intervención sobre los órganos de aplicación, cuya forma de designación de autoridades está claramente legislada y establece mandatos desacoplados con respecto a la gestión del Poder Ejecutivo.
Quedamos alarmados cuando el futuro Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, sostuvo que la Ley 26.522 está “pensada para un mundo y una comunicación que ya no existen”, pues sabemos que es una ley de avanzada, que consagró un nuevo paradigma de comunicación que ha sido elogiado mundialmente y tomado como referencia en otras legislaciones de la región.
Precisamente y de acuerdo a los términos de la misma, enfatizamos la necesidad de que se respeten los mandatos de las autoridades constituidas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Radio Televisión Argentina. Vale recordar que, tomando ejemplos de legislación internacional, la ley estableció en su artículo 14 que la conformación del Directorio de AFSCA “se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del Titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los Directores y del Poder Ejecutivo nacional”, para fomentar un funcionamiento con pluralidad e independencia.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una de las leyes más democráticas de nuestra historia. Fue producto de un proceso amplio de construcción de consensos, alimentado por un debate abierto y federal, en el cual las carreras universitarias tuvimos una participación activa junto a los trabajadores de la comunicación, las organizaciones sociales y de derechos humanos, pueblos originarios, cooperativas y medios comunitarios. Fue votada por una amplia mayoría parlamentaria, conformada por representantes del oficialismo y la oposición. En su judicialización posterior, fue declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de la Nación. Durante esa instancia, nuestra Red se presentó como Amicus Curiae con la finalidad de reafirmar el carácter progresivo de la aplicación de la legislación vigente.
En la justicia, en las aulas, en las calles y donde sea necesario, nuestra voz estará presente para defender esta conquista que el poder económico concentrado quiere avasallar para volver a las reglas de la dictadura que defendieron durante años.
