En las últimas semanas las Carreras de Comunicación Social y Periodismo nucleadas en la REDCOM asistimos a diversos anuncios que modifican drásticamente el mapa de los medios de comunicación en el país y su regulación.
El primero fue la fusión de Telecom Argentina S. A. (propiedad del fondo de inversiones Fintech del mexicano David Martínez) con Cablevisión Holding S.A. (propiedad en un 60 % del Grupo Clarín y el 40 restante del propio Martínez).
El segundo fue el desplazamiento del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a la cartera de Defensa. La medida fue acompañada por la desaparición del Ministerio de Comunicaciones que sería subsumido como secretaría dentro del Ministerio de Modernización.
Finalmente el anuncio de acuerdo de explotación, asimilable a una privatización periférica, de la empresa ARSAT con la compañía estadounidense Hughes para brindar internet satelital.
La fusión resulta ser el corolario de una serie de decisiones que desde el DNU 267/15 venían habilitando el proceso de adquisiciones e integraciones necesarias para que el Grupo Clarín se constituya como “el gran grupo empresario argentino”. Desoyendo los estándares internacionales que objetan la concentración indebida por sus lesivas consecuencias contra la diversidad cultural y el pluralismo informativo en democracia, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri aplicó, desde su asunción, medidas de desguace del control de multiplicidad de licencias dispuesto por la ley 26.522 y que fue ratificado en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El impacto en el mercado de la fusión implicaría que los grupos Clarín y Fintech –accionistas en un 39 y 41 % respectivamente- reunirían al menos el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% de telefonía móvil y el 40% de televisión paga (alrededor del 60 % si sólo se contabiliza la TV de cable). En algunas zonas del país el porcentaje de mercado de conectividad alcanzaría el 95%. Así, la decisión resulta de enorme gravedad y es consecuencia de la preocupante debilidad institucional argentina que se inicia en la ley 26.122 de refrendo de decretos, continúa en la ausencia de un Tribunal de Defensa de la Competencia y se confirma en la existencia de una autoridad de aplicación absolutamente discrecional, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional en lo político y del grupo Clarín en lo factual.
Por otra parte, y con la misión cumplida, el ex ministro Oscar Aguad –aquel que en 2016 recién se había anoticiado de la existencia de Internet- abandonó su cargo. Esto se concretó luego de haber concedido al Grupo Clarín y, en menor medida, a Telefónica de Argentina SA, todas las acciones solicitadas para asegurar mayores ingresos, mejores porciones de mercado y una clara elevación de las barreras de entrada a nuevos operadores, sin ocuparse en ningún momento del mejoramiento de los servicios a los usuarios, la disminución de los precios o la diversificación de la oferta informativa.
Como colofón, el Ministerio deviene Secretaría. Es decir, después de amputar las leyes democráticamente aprobadas (de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 y la de Telecomunicaciones Argentina Digital N° 27.078), de asegurar la concentración de los principales grupos del mercado, de decomisar pequeños medios de arraigo local, de dejar impagos subsidios concursados del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios, de cercenar la participación de las Universidades y las carreras de Comunicación en los organismos de control y de incumplir con la presentación de un proyecto de ley, entre muchas otras medidas gravosas contra el derecho a la comunicación, el Ministerio desaparece. Toda una señal de la responsabilidad institucional de este gobierno y de la función que tenía asignada el organismo y su responsable.
Por último, el acuerdo recién difundido para la explotación de la banda Ka por parte de ARSAT junto a la empresa Hughes de EEUU a través de una compañía NEWCO, da cuenta, por un lado, de la voluntad privatizadora gubernamental; por otro, de la despreocupación por la soberanía en el uso de las órbitas satelitales nacionales y, en una clara línea de conducta, el desprecio por la ley, en este caso, los artículos 8 y 10 de la ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital.
En los distintos casos, entendemos que estamos frente a decisiones que son producto de un concepto de la comunicación como un mero negocio que no busca atender a las necesidades de información y libertad de expresión de la ciudadanía sino, por el contrario, reducir la función del Estado a ariete de acompañamiento de la búsqueda de ganancia de las compañías.
Por lo expuesto, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina manifiesta su rechazo a las decisiones empresariales adoptadas y convalidadas por una autoridad estatal que, lejos de buscar la democratización de las comunicaciones, se dirigen en un sentido claramente opuesto.
